Durante buena parte de nuestra historia republicana, las mujeres estuvieron fuera de los espacios donde se decidía el destino del país. Primero se les negó el derecho a elegir y, aun después de conquistado el sufragio, debieron enfrentar una barrera más silenciosa y persistente: el acceso efectivo a los espacios donde se ejerce el poder político. Chile ha avanzado mucho desde entonces, pero ese camino todavía no termina. La Ley N.º 20.840, aprobada en 2015, marcó un avance significativo al establecer que ningún sexo puede superar el 60% de las candidaturas parlamentarias presentadas por cada partido político. Así, al menos un 40% debe corresponder al sexo menos representado. Con esta decisión, el Estado reconoció algo fundamental: la igualdad formal ante la ley no garantiza por sí sola una igualdad efectiva cuando las condiciones de acceso al poder han sido históricamente desiguales.
Los resultados de esta política son claros. Antes de la reforma, las mujeres ocupaban apenas el 15,8% de los escaños de la Cámara de Diputadas y Diputados; hoy representan aproximadamente un tercio. No podemos atribuir esta transformación exclusivamente a la cuota, pero tampoco desconocer su aporte para modificar una estructura de representación que durante décadas se resistió al cambio. Las reglas importan porque las instituciones nunca operan sobre una realidad neutral: pueden reproducir las desigualdades existentes o abrir caminos para comenzar a corregirlas.
Sin embargo, la cuota vigente fue concebida como una medida transitoria y su última aplicación está prevista para la elección parlamentaria de 2029. Ese límite nos obliga a discutir algo bastante más profundo que la simple prórroga de una disposición electoral. Nos invita a preguntarnos qué entendemos por democracia y qué condiciones consideramos necesarias para que sea efectivamente representativa. Durante el siglo XX, las mujeres conquistaron el derecho a participar en la democracia mediante el sufragio. Pero una democracia plena no consiste únicamente en poder elegir a quienes gobiernan; supone también tener posibilidades reales de integrar los espacios donde se toman las decisiones. Hay una diferencia sustantiva entre participar en la democracia y participar del poder democrático.
“Hay una diferencia sustantiva entre participar en la democracia y participar del poder democrático.”
Por eso, la representación política de las mujeres no puede entenderse como una demanda sectorial ni como una política destinada exclusivamente a beneficiarlas. Es una cuestión que interpela directamente la calidad de nuestra democracia. Cuando la mitad de la sociedad permanece subrepresentada en los órganos donde se elaboran las leyes, se distribuyen los recursos públicos y se definen las prioridades nacionales, la pregunta no es solo dónde están las mujeres, sino cuán representativas son nuestras instituciones.
Frente a las cuotas suele plantearse que las candidaturas deberían depender exclusivamente del mérito. Sería un argumento difícil de discutir si las condiciones de acceso a la política hubieran sido históricamente iguales. Pero no lo fueron. Las estructuras partidarias, las redes de financiamiento, los espacios de negociación, las trayectorias de liderazgo y buena parte de las reglas formales e informales de la actividad política se desarrollaron durante décadas en espacios integrados mayoritariamente por hombres. Las acciones afirmativas no buscan reemplazar el mérito ni decidir por la ciudadanía. Buscan corregir barreras de entrada que han impedido que ese mérito pueda competir en igualdad de condiciones. Una cuota no determina quién resulta electo, garantiza algo anterior: que las mujeres estén efectivamente entre las alternativas sobre las cuales la ciudadanía decide.
Esta discusión tiene raíces profundas en nuestra propia historia. Hace un siglo, Amanda Labarca comprendió que una República que proclamaba igualdad y ciudadanía no podía mantener a las mujeres al margen de la vida pública. Para ella, educación, autonomía, ciudadanía y derechos eran dimensiones inseparables de una misma transformación social. Su generación disputó una idea que hoy nos parece evidente: que las mujeres tenían derecho a votar. La nuestra enfrenta una pregunta distinta, pero íntimamente relacionada: ¿puede considerarse plenamente democrática una sociedad donde las mujeres tienen derecho a elegir, pero continúan encontrando barreras estructurales para ser elegidas? La conquista del sufragio permitió que las mujeres ingresaran plenamente a la ciudadanía política. El desafío actual es que puedan participar en igualdad de condiciones en los espacios donde esa ciudadanía se convierte en representación, decisiones y poder.
La pregunta cobra especial relevancia ante el término del régimen vigente. Hoy existen iniciativas legislativas que proponen avanzar más allá del modelo establecido en 2015: incorporar alternancia entre mujeres y hombres, pasar de la regla 60/40 a la paridad 50/50 o extender estas obligaciones a otros órganos de representación política. El debate es necesario, pero sería insuficiente reducirlo a decidir si prorrogamos la cuota por algunos procesos electorales más. Después de una década de experiencia, corresponde evaluar qué mecanismos permiten no solo aumentar el número de candidatas, sino también mejorar sus condiciones efectivas de competencia. Y debemos preguntarnos, además, si la igualdad en el acceso a la representación política puede seguir dependiendo de disposiciones transitorias o si ha llegado el momento de asumirla como un principio permanente de nuestro sistema democrático.
Una mayor participación de mujeres no debilita la democracia ni restringe la libertad de elección. Al contrario: amplía la oferta política disponible para toda la ciudadanía, incorpora nuevas trayectorias y experiencias al debate público y permite que las instituciones reflejen mejor a la sociedad que están llamadas a representar. La representación equilibrada no resolverá por sí sola la crisis de confianza que afecta a nuestras instituciones, pero es difícil imaginar una democracia más legítima y representativa mientras persistan barreras que dificultan sistemáticamente el acceso de la mitad de la población a sus espacios de decisión.
Amanda Labarca y las mujeres de su generación lucharon por algo que en su época muchos consideraron innecesario, inconveniente o prematuro: que las mujeres fueran reconocidas como ciudadanas plenas. Nos corresponde cuidar esa herencia. Y honrarla no significa solamente recordar las conquistas del pasado, sino reconocer cuáles son las fronteras de igualdad que nuestra propia generación tiene la responsabilidad de ampliar.
Hace casi un siglo, la pregunta era si las mujeres debían poder votar.
Hoy sabemos que aquella discusión no era solamente sobre mujeres: era sobre democracia.
La discusión sobre su representación política tampoco es solamente sobre mujeres: también es sobre democracia.
Porque una República se fortalece cuando amplía la ciudadanía, derriba las barreras que impiden participar y construye instituciones capaces de representar la diversidad de la sociedad.
Las mujeres ya conquistaron el derecho a elegir.
El desafío democrático de nuestro tiempo es garantizar que también puedan competir, representar y ejercer el poder en igualdad de condiciones.No se trata de completar una cuota.
Se trata de completar nuestra democracia.